Miguel Anguiano
*¿A qué le teme Ulises Ruiz?
*¿Por qué se opone el PRI?
Oaxaca es la única entidad federativa, de las 32 que conforman el territorio mexicano, que se niega a cumplir con el ordenamiento legal de permitir la fiscalización de los recursos que recibe del Gobierno federal, lo que está generando fuertes presiones en el Congreso para evitar que se siga evadiendo esta obligación a que están sujetos todos los gobernadores del país.
Hasta donde se sabe, un grupo de diputados federales panistas y perredistas pretende empujar con toda la fuerza política de sus respectivos partidos el cumplimiento de la fiscalización, pues la fracción parlamentaria del PRI se muestra indiferente en este asunto para proteger a su gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
Los legisladores federales del sol azteca son quienes se han mostrado más insistentes en el cumplimiento de esta obligación, fundamentados en la importancia que reviste la transparencia y la rendición de cuentas de los dineros transferidos a las entidades de todo el país.
Para ello consideran necesario fortalecer la colaboración en materia de fiscalización con el estado libre y soberano de Oaxaca, para que el ejercicio de los recursos públicos se ajuste a los ordenamientos jurídicos.
Lo anterior, ya que de conformidad con el “Anexo 18. Adecuaciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados”, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, se desprende que el gobierno oaxaqueño ejerce recursos públicos federales, aprobados por este órgano legislativo en el Ramo General 39, Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, la cantidad de 529 millones 817 mil 142 pesos.
Además, el 13 de octubre del mismo año 2006, según información confirmada por Arturo González de Aragón, titular de la Auditoría Superior de la Federación, se firmaron convenios de coordinación y colaboración con 29 congresos locales, pues los tres restantes, Chihuahua, Tamaulipas y Oaxaca, inicialmente se negaron a permitir la fiscalización.
Sin embargo, posteriormente, el 16 y 17 de noviembre, los primeros dos gobernadores aceptaron suscribir los respectivos convenios de coordinación y colaboración, mientras que el mandatario oaxaqueño se mantiene en la negativa.
Como se sabe, a partir del ejercicio fiscal de 1998, se establecieron en el Presupuesto de Egresos de la Federación novedosos mecanismos para transferir recursos a los estados integrantes de la nación. Para ello se crearon diversos programas, entre ellos el denominado “Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas”.
Tales mecanismos permiten identificar el destino de los recursos federales y su magnitud, así como las responsabilidades de supervisión, inspección, vigilancia y fiscalización a cargo de las instancias federales, municipales y del Gobierno del Distrito Federal.
Derivado de esta distribución de recursos federales y de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 79 de la Constitución, la Auditoría Superior de la Federación tiene la obligación de fiscalizar los recursos federales que ejerzan los gobiernos estatales, los municipios y los particulares, para lo cual facilitarán los auxilios que requiera la Fiscalizadora Superior de la Federación para el ejercicio de sus funciones.
Así las cosas, y para dar cabal cumplimiento a este mandato constitucional, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación otorga la atribución a la Auditoría Superior de la Federación para concertar y celebrar convenios con los estados del país, con el propósito de regular la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública.
Además, la Carta Magna señala que la Auditoría Superior de la Federación propondrá los procedimientos de coordinación con las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el ejercicio de las atribuciones de control que éstas tengan conferidas, colaboren con aquélla en la verificación de la aplicación correcta de los recursos federales recibidos por dichos órdenes de Gobierno.
De acuerdo con la información recabada en la Cámara de Diputados, 31 estados de la República ya cumplieron con ese requisito de fiscalización, o algunos están en ese proceso, pero el caso excepcional es Oaxaca, cuyo gobernador, Ulises Ruiz Ortiz, con la complacencia del poder legislativo de su estado, se niega rotundamente a permitir la fiscalización de los recursos que recibe de la Federación.
El asunto ha sido discutido en todos los grupos parlamentarios, pero curiosamente los diputados priístas que comanda Emilio Gamboa Patrón se niegan a colaborar para exigir que el mandatario oaxaqueño permita la fiscalización del dinero que ha recibido del Gobierno federal. ¿A qué le teme este partido?... ¿Será que son ciertas las sospechas fundamentadas del mal uso de esos recursos?... ¿O se trata de una maniobra más orquestada por el ex gobernador José Nepomuceno Murat Casab?... Pronto se sabrá.
Información publicada por AMRA a las 6:01 a.m.
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