05 septiembre 2006

Fred Álvarez

Estado de Prevención en Guatemala

El martes 29 de agosto el gobierno de Guatemala declaró un "Estado de prevención" en una amplia zona de la frontera con México. El presidente Óscar Berger explicó en conferencia de prensa que la medida busca cumplir objetivos como "la erradicación de la siembra de amapola y la captura de cabecillas que trafican con drogas y armas, sobre quienes pesan órdenes de aprehensión".

Sin ofrecer detalles, Berger aseveró que el operativo en la zona fronteriza es apoyado por las fuerzas del orden de Guatemala, "representantes de la DEA (Oficina Antidrogas de EE UU) y el gobierno mexicano".

Con el Estado de Prevención decretado se pretende erradicar por lo menos 10 millones de plantas de amapola que producen la denominada heroína negra. Por cierto, la semilla para plantar esa amapola se importa de México, país al que finalmente se traslada la producción de goma y donde, parece ser, se procesa la heroína negra, altamente cotizada en el mercado negro.

Seguramente destruirán la mayoría de esos plantíos y aprenderán a algunos cabecillas buscados por la autoridad. De eso no hay duda.

El "Estado de Prevención" forma parte de la Ley de Orden Público en Guatemala y estará vigente por 15 días en cinco municipios del departamento de San Marcos, fronterizo con Chiapas (el decreto abarca los municipios de Concepción Tutuapa, Ixchiguán, San Miguel Ixtahuacán, Tajumulco y Tejutla).

El Estado de Prevención, es lo más suave, lo más leve de los estados de Excepción en Guatemala (le siguen los estados de Alarma, de Calamidad Pública, de Sitio y de Guerra), y se declara cuando el Estado suspende el pleno goce de derechos constitucionales a sus ciudadanos, por circunstancias graves particulares.

La justificación para implantarlo es el clima de enfrentamiento social. Se decreta para garantizar la seguridad de los habitantes. El último Estado de Excepción rigió en Guatemala en 2001, en Totonicapán, por protestas contra el alza del Impuesto al Valor Agregado(IVA).

Pero con la orden del presidente Berger se desplegaron en el área limítrofe con México, agentes preparados en seguridad fronteriza y unidades de inspección de alta tecnología (donadas, por supuesto, por EE UU) capaces de descubrir pasajeros ocultos en camiones; es decir, combatir el tráfico de personas.

La medida tiene varios propósitos: no sólo combatir la delincuencia organizada que es incontrolable en esa zona —hay de todo, como en botica: a saber violencia pandilleril, narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, exkaibiles e, incluso, puede ser territorio fértil para el terrorismo internacional. En ese sentido la medida quizás pueda justificarse, aunque de entrada encuentra rastros de censura para los medios locales y puede violentar los derechos humanos.

Pero insisto. Desde mi óptica, de lo que se trata en el fondo, el quid del asunto, es cerrar la frontera sur para detener el tráfico de personas a EE UU, uno de los grandes negocios de la delincuencia organizada. Incluso pudiéramos decir, que se coadyuva con el gobierno de EE UU para evitar que miles de indocumentados centroamericanos pasen al otro lado del Río Bravo. Y aunque físicamente en la zona no están agentes de la Patrulla Fronteriza norteamericana —no podrían hacerlo—, el equipo tecnológico usado lleva su marca.

Es la lógica de que sale más barato el cierre de la frontera sur de México, que tener 12 mil guardias de la Patrulla Fronteriza y otros tantos más de la guardia Nacional de EE UU apostados entre Tijuana y Matamoros.

Y así es. Hace tres meses —24 al 29 de mayo del 2006— se llevó a cabo en México la IX Reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala; en el marco de esta reunión se realizó la Sexta Reunión del Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza (GANSEF). Durante las sesiones de trabajo se analizaron los temas vinculados con la frontera común.

Y en cuanto a los temas migratorios se refrendó el compromiso de ambos países para el retorno seguro y ordenado de los migrantes guatemaltecos, así como para el combate a la trata y tráfico ilícito de migrantes. Se afinaron sus convenios para luchar contra el narcotráfico, y el próximo mes de octubre se celebrará la primera reunión de expertos de ambos países y se creará una base de datos sobre los cárteles que operan de ambos lados de la frontera.

Asimismo, establecieron que la Secretaría de Análisis Estratégico (SAE) de Guatemala tendrá que hacer un diagnóstico antiterrorista, por la posible utilización de la frontera compartida para el paso hacia EE UU.

Quedó claro que lo que más preocupa a ambos países es el aumento del contrabando de drogas y armas, el tráfico de seres humanos y la influencia de las pandillas, las denominadas maras.

Ahora. La medida empleada por el gobierno de Guatemala puede dar resultados positivos. Vamos a ver que resulta, de aquí al 12 de septiembre; son 15 días que tiene el gobierno del presidente Berger para dar buenas noticias. Creo que se van a erradicar por lo menos 8 millones de plantas de amapola.

Pero el asunto va a contracorriente, ya que en Guatemala hay altos niveles de corrupción en las policías. Solamente hay que acordarnos que el año pasado se descubrió que tres de los más altos jefes de la lucha contra el narcotráfico eran parte de la estructura criminal.

Además, conviene también tener presente que Guatemala forma parte del llamado "Triángulo del Norte" —El Salvador, Guatemala y Honduras— donde las tasas de homicidios no sólo son las más altas del subcontinente, sino que compiten entre las más altas del mundo: llegan a superar los 50 homicidios cada 100 mil ciudadanos.

Pero los delincuentes (de trata de personas ) ya tienen un nuevo camino. Dice el diario La Prensa Libre que para "evitar el control en las fronteras sur (...) las redes de traficantes han trazado una nueva ruta, de 56 kilómetros, desde El Naranjo, Petén, hasta Tenosique, Tabasco. Walter Arriaga, coordinador de la Casa del Migrante, en Tecún Umán, San Marcos, aseguró que un 40% de los centroamericanos opta por ese camino. Dicen que es más peligroso, por ser zona selvática y por los delincuentes, pero prefieren seguir ese rumbo porque abordan más rápido el tren”.

Juan García, coordinador de Migrantes en Acción, en Rhode Island, EE UU comentó que las medidas de ambos países son equivocadas, y que en lugar de reforzar la frontera deberían divulgar los “riesgos mortales” que implica atravesar los territorios. Criticó la postura de México, pues mientras el gobierno de Vicente Fox exige respeto para sus connacionales, captura y expulsa a los indocumentados centroamericanos.

Y no le falta razón a Juan García. Hasta julio de 2006 México había deportado a 185 mil 712 centroamericanos, de los cuales, 48 mil 634 son guatemaltecos. En 2005 las autoridades mexicanas detuvieron y deportaron a 83 mil 890 personas. En tanto, EE UU ha devuelto, en lo que va del 2006 a 9 mil 902 indocumentados guatemaltecos por vía aérea; en el 2005 fueron 11 mil 512.

Dice un editorial del periódico guatemalteco La Prensa Libre del 30 de agosto con respecto al estado de Prevención: "La medida es comprensible porque es obligación del Estado hacer uso de las disposiciones legales que estén a su alcance para limitar y controlar las actividades ilícitas. Para nadie es un secreto que (esas zonas) se han convertido en territorios donde las autoridades tienen casi impedido realizar su trabajo, y donde los ciudadanos ajenos a la actividad criminal viven en una constante zozobra (...) Desde esa perspectiva, es explicable que se limiten derechos de reunión y manifestaciones públicas, de empleo de armas y de libre locomoción de vehículos, y se deba declarar el itinerario por seguir. Los ciudadanos tienen la obligación de colaborar con las autoridades, cuya efectividad depende de que realicen actividades muchas veces molestas, pero que son necesarias para enfrentarse a los grupos criminales".

Sin embargo, añade el editorial, "una de las medidas genera un poco de preocupación. Se trata de la exigencia a los medios “de publicidad o difusión”, es decir a la prensa, de evitar “todas aquellas publicaciones que a juicio de las autoridades contribuyan o inciten a la alteración del orden público”, y que, de no ser acatadas, “se procederá judicialmente contra los responsables."

Y en eso tiene razón el diario debido a que el estado de prevención viola la libertad de expresión.

Datos

  • ¿Qué restringe ese Estado? Fundamentalmente el derecho de reunión y manifestación públicas, salvo de que sean autorizadas, y en caso de que se porten armas, se disolverían de inmediato.

  • Se exige a órganos de difusión que eviten publicaciones incitantes a la alteración del orden público.

  • La fuerza utilizada en el operativo de 15 días comprende a 800 agentes de la Policía Nacional Civil, 250 soldados, 22 fiscales del Ministerio Público y 2 jueces; equipo utilizado: 70 vehículos y 2 helicópteros

  • Más de 2 millones de guatemaltecos se encuentran trabajando en EE UU, los ingresos por concepto de remesas son de alrededor de 3 mil millones de dólares al año.

  • El lunes 28 de agosto el diario The Washington Post difundió un reportaje sobre menores inmigrantes centroamericanos y dice que el año pasado 6 mil 460 menores inmigrantes fueron detenidos y enviados a refugios, un aumento del 35% respecto al año anterior.

  • Las mayores cifras de detención —añade el Post— pueden reflejar un reforzamiento de las autoridades mexicanas y estadounidenses; muchos de los jóvenes nunca llegan a la frontera ya que México reportó la deportación de 3 mil 772 menores centroamericanos que iban con destino a EE UU en 2005, comparados con menos de 700 en 2003.

  • Los traficantes de personas cobran entre mil y mil dólares por viaje.

(*) Analista político y comentarista en varios programas en medios electrónicos